Así es el papel reservado al ‘smart government’ en la construcción de las ‘smart cities’

De una calle con Wifi a una ciudad inteligente hay un largo camino. De un puñado de farolas conectadas a ganarse la etiqueta de smart city existen muchos desafíos. ¿Cómo superar un montón de proyectos piloto y dar los pasos necesarios hacia una verdadera ciudad conectada, inteligente y eficiente? La clave podría estar en el smart government. Buceamos bajo el marketing del mundo smart para profundizar en ambos conceptos, sus diferencias y sus conexiones.

El decálogo de una ‘smart city’

Ante la creciente urbanización del planeta, el concepto de smart city empezó a ganar fuerza hace ya casi dos décadas. En España, una de las primeras en apostar por la conectividad y la gestión inteligente de servicios fue Barcelona.

Aunque hoy se ha visto alcanzada, e incluso superada, por otras ciudades, el caso de la capital catalana sigue siendo de los más estudiados. En el paper ‘Barcelona’s Smart City vision: an opportunity for transformation’, Josep-Ramon Ferrer, ex director del programa smart city de Barcelona, señala los diez factores que necesita cumplir una ciudad digital e inteligente.

• Anticipar el principal desafío del siglo XXI: la rápida urbanización del mundo
• Considerar la tecnología como un facilitador, no como un objetivo en sí mismo
• Centrar la estrategia en la transformación de la ciudad
• Definir y trabajar con una visión a largo plazo
• Diseñar un plan de acción claro adaptado a los desafíos locales
• Definir un plan de acción transversal e intersectorial
• Alinear la estrategia con los esquemas de financiación
• Involucrar a los ciudadanos en el proceso
• Asegurar un modelo de gobernanza eficiente que integre a todas las partes
• Construir alianzas: reforzar las asociaciones entre industrias

El lado público de una ‘smart city’

Estos diez puntos tienen un factor común: necesitan de la implicación y el liderazgo de los gobiernos locales. Son ellos los que más capacidad tienen para resolver los desafíos de las ciudades del siglo XXI. El estudio ‘Smart Governance: A Roadmap for Research and Practice’ (según Didier Grimaldi, profesor de la Universidad La Salle – Ramón Llull, “de lo más completo y consolidado a día de hoy”) resume en tres sus desafíos:

1. La transición hacia un nuevo modelo energético basado en renovables que, al mismo tiempo, sea capaz de abastecer una demanda creciente.
2. La necesidad de crear nuevos sistemas globales de regulación y control para mantener el equilibrio. “La crisis internacional ha demostrado la falta de herramientas de intervención rápidas y efectivas”, señalan sus autores, Hans J. Scholl y Margit C. Scholl.
3. La reforma financiera de los gobiernos locales, que ya no pueden endeudarse de la misma manera y, como resultado, no disponen del mismo músculo económico.

¿Desafíos inabarcables? “El éxito reside en la cooperación entre las autoridades y todos los agentes económicos y sociales, con una implicación crucial de los ciudadanos. De esta manera, las teorías de la sostenibilidad se podrán convertir en realidades”, se señala en el ‘Libro Blanco Smart Cities’ elaborado por Enerlis, Ernst and Young, Ferrovial y Madrid Network.

«El éxito de los proyectos de ciudad inteligente depende en gran medida de los procesos de gobernanza que los rigen. Esta gobernanza implica proceso e instituciones que contribuyen a la toma de decisiones públicas, por lo que tienen un papel fundamental como catalizadores del desarrollo de las smart cities«, añade José Cano, director de Análisis y Consultoría de IDC España.

Hacia el ‘e-government’

Uno de los primeros pasos que se dio hacia el gobierno inteligente de las ciudades fue el llamado e-government. Es decir, el desarrollo de diferentes plataformas online con las que conectar con el ciudadano y ofrecer diferentes servicios. Sin embargo, el smart government va más allá de la tecnología, implica un nuevo concepto de ciudad y una nueva forma de gobernar. Es más que ofrecer una app de transporte urbano. Pasa por involucrar al ciudadano y al tejido empresarial en un proyecto de ciudad de futuro.

De acuerdo con el paper ‘Smart Governance: A Roadmap for Research and Practice’, una gobernanza smart se debe centra en, al menos, ocho áreas que son esenciales para resolver los desafíos de las ciudades del siglo XXI.

• Control y eficiencia presupuestaria. Reducir el gasto en líneas generales, pero mantenerlo en las áreas y proyectos que son importantes para la ciudad.
• Digitalización de la administración. A partir del concepto de gobierno electrónico, digitalizar por completo la administración, a nivel interno y de cara al ciudadano.
• Seguridad y privacidad. Los gobiernos locales deben implicarse en la protección de los datos de los ciudadanos y, al mismo tiempo, asegurar que se mantienen políticas de open data.
• Conectividad y sensorización. Con el objetivo de recabar más información sobre servicios y movilidad, las ciudades deben apostar por buenas infraestructuras de red y sensores.
• Movilidad eléctrica. La apuesta por transportes públicos eléctricos debe liderar el cambio, apostando por la electrificación de todos los vehículos en el medio y largo plazo.
• Participación y colaboración. Uso de las redes sociales y desarrollo de plataformas colaborativas para implicar y escuchar al ciudadano.
• Open data vs Big Data. Apostar por que ciertos conjuntos de datos estén sean accesibles y reutilizables por todos. Por otro lado, la información recabada sobre los servicios debe ser precisa y estructurada, posibilitando analizarla con técnicas de Big Data. Y, al mismo tiempo, colocarse del lado del ciudadano para proteger su privacidad.
• Gobierno abierto y transparencia. Más allá de las políticas de datos abiertos, el open government pasa por implicar a las personas y al tejido empresarial en el modelo de ciudad y en la toma de decisiones.

La importancia de un gobierno abierto

“En los últimos años, la administración en todos los niveles ha adquirido un compromiso hacia estrategias de gobierno abierto. Esta estrategia dirige políticas que promueven tres áreas principales: la apertura de datos, la transparencia, la interacción y la participación con los ciudadanos”, señalan Raffaele Sisto y Javier García López, co-CEO de Smart&City Solutions en una comunicación presentada el año pasado en el III Congreso Ciudades Inteligentes.

En su informe, estudian el grado de desarrollo del open government en 63 ciudades españolas, incluyendo todas las capitales de provincia, en base a datos de 2016. El top ten de gobiernos más abiertos lo forman, por este orden, Valencia, Las Palmas, Sevilla, Santander, Barcelona, Málaga, Zaragoza, Gijón, Madrid y Bilbao.

«La importancia de la interoperabilidad y datos abiertos es crucial. Obtener información a través de datos abiertos necesita una nueva forma de divulgar/publicar los datos, para poder acceder a aquellos que serán ventajosos para el ciudadano, al mismo tiempo que proveen servicios públicos. Asimismo, es necesario que dichos datos estén disponibles para su tratamiento, por lo que la provisión de manera ordenada, estandarizada y sistematizada aparece como elemento capital de la discusión», recalca José Cano.

Hacia un nuevo modelo de gestión (y un mercado en desarrollo)

Más allá de desafíos de grandes proporciones, gestión de los datos y gobiernos más abiertos y democráticos, el smart government pasa también por una nueva forma de gestionar los servicios de las ciudades inteligentes. “Parece lógico, en un entorno de restricciones presupuestarias, revisar los modelos que las administraciones locales tienen para la contratación de estos servicios municipales, de tal manera que se prime la eficiencia, la calidad y la innovación”, indica el ‘Libro Blanco Smart Cities’.

Aquí aparece, como explica Didier Grimaldi, el modelo de public-private-people partnership. Es decir, la creación de un ecosistema de trabajo en el que participen el ayuntamiento, las empresas privadas y el ciudadano. Según el ‘Libro Blanco Smart Cities’, este nuevo modelo de gestión se debe caracterizar también por:

• Integración de servicios, generando economías de escala y sinergias operativas entre servicios.
• Garantizar la calidad y apostar por el pago por resultados.
• Innovación. Los dos puntos anteriores unidos a una visión estratégica a medio plazo incentivan la aplicación continua de nuevas tecnologías.

Todo ello da pie a construir un sistema que beneficie al ciudadano (mediante servicios más eficientes y de mayor calidad) y que dinamice el mercado de los servicios públicos, abriendo nuevas oportunidades para las empresas. Un sistema en el que el smart government es central, como explican desde IDC, a la hora de:

• Coordinación y relación entre las diferentes partes, asegurando el compromiso, interdependencia, confianza, integración, flexibilidad e inclusión.
• Garantizar el flujo de información, especialmente estableciendo canales y protocolos de comunicación que se deben usar para invertir los recursos de la manera más efectiva. Esto implica asegurar la calidad e intercambio de información, la participación, accesibilidad, transparencia de información y facilidad de uso.
• Resolución de conflictos para asegurar el correcto funcionamiento de la asociación: resolución constructiva, reflectividad y alineamiento de perspectiva.

Por un ‘smart government’ de futuro

Así que, ¿qué es el smart government? Acabamos por el principio, aventurándonos con una definición sobre la que levantar las ciudades inteligentes del futuro. El smart government implica desde servicios digitales al ciudadano a un nuevo modelo de gestión de servicios, pasando por el manejo y el análisis de datos para la toma de decisiones. Implica también la transversalidad y la interoperabilidad entre departamentos y administraciones, apostando por el gobierno abierto y la involucración del ciudadano. El smart government es, en definitiva, la piedra angular de una smart city completa.

De cara al futuro, el ‘Libro Blanco Smart Cities’ concluye su análisis con una serie de recomendaciones para los ayuntamientos que quieran apostar por un gobierno inteligente y los países o regiones que quieran desarrollar el smart government en sus ciudades.

• Desarrollar de instrumentos legales que garanticen las pautas mínimas de transparencia de los municipios.
• Penalizar fiscalmente las conductas que vayan en contra del desarrollo sostenible y la eficiencia en los servicios.
• Implantar nuevos modelos de prestación de servicios, primando la calidad y la innovación.
• Apoyarse en las TICs para ofrecer servicios y comunicarse con el ciudadano.
• Facilitar el acceso a los datos y a la información pública, fundamentalmente, a través de plataformas online.

«Solo si somos capaces de aprovechar la información y datos en tiempo real de todos los agentes y ciudadanos, será posible un smart goverment en toda su dimensión. Solo de esta forma, será posible construir un smart government que haga posible optimizar los servicios inteligentes a través de lo que se ha denominado social government (o gobierno 2.0), que incluye la comunicación a través de redes sociales y plataformas de participación», concluye José Cano.

Juan F. Samaniego

Imágenes | Pexels, Ajuntament de Barcelona