La responsabilidad medioambiental puede parecer una mera declaración de buenas intenciones. Dar cuenta de la relación de nuestra empresa con la naturaleza es un compromiso loable, pero debería ser también algo más. De hecho, es una obligación legal.
La Ley de Responsabilidad Medioambiental
Esta ley fue aprobada en 2007 para trasponer una directiva comunitaria. Su objetivo es fortalecer los mecanismos contra los daños ambientales ocasionados por las actividades económicas o profesionales a las especies silvestres, a los hábitats, las aguas, la ribera del mar y de las rías y el suelo.
Para ello, en primer lugar, establece una serie de medidas obligatorias en todas las actividades económicas o profesionales. Son, por un lado, las que se orientan a la prevención del daño, es decir, a impedir que se produzca o reducirlo al máximo. Por otro, también exige medidas de evitación con las que, una vez producido el daño, se restringe la posibilidad de nuevos perjuicios.
En segundo lugar, hay un régimen de reparación que se aplica siempre a las actividades de mayor riesgo. En las demás, solo se aplica cuando media dolo, culpa o negligencia. Lo que se pretende es reparar, restaurar o reemplazar los recursos naturales y servicios de recursos naturales dañados o facilitar una alternativa equivalente.
Los tipos de responsabilidad medioambiental
Por nuestras acciones u omisiones pueden producirse daños ambientales. En algunos casos, tendrán como perjudicados a personas físicas o jurídicas u otras entidades que pueden reclamarnos por la vía civil. Sin embargo, para que por este procedimiento pueda producirse una reparación es necesario que se den ciertos requisitos. Entre ellos, destaca que, por lo general, se exige que quien ha ocasionado el daño haya actuado de forma culpable o negligente.
Además, hay una posible responsabilidad administrativa. La Ley de Responsabilidad Medioambiental recoge medidas de prevención, evitación y reparación de daños y también un régimen de infracciones y sanciones. No obstante, se aplica cuando no existen otras normas sectoriales que hayan conseguido alcanzar los mismos objetivos.
Finalmente, el Código Penal tipifica varios delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Pueden ocasionar multas, resarcimiento de daños e, incluso, penas de prisión.
Qué es la garantía financiera
La responsabilidad ambiental se traduce en acciones que implican desembolsos de dinero. Por eso, la ley obliga a los operadores de las actividades de mayor riesgo a disponer, al menos, de unos recursos mínimos que permitan afrontarlo. Para los demás, la garantía es voluntaria.
Para instrumentar la garantía, podemos elegir un seguro, un aval bancario o una reserva técnica. Si optamos por esta última alternativa, dotaremos un fondo materializado en inversiones financieras respaldadas por el sector público. Tendremos para ello, un plazo de cinco años en el que, no obstante, deberíamos contar con un seguro o aval que respalde la garantía mientras no esté cubierta la reserva técnica.
Para el cálculo de la cuantía de la garantía, la norma establece un sistema basado en el análisis de riesgos. En él, las piezas básicas son la valoración de los posibles escenarios y las probabilidades y riesgos asociados y un índice de daño medioambiental que sirve para estimar el daño asociado a cada escenario accidental.
Es importante tener en cuenta que en ese cálculo entran no solo los costes de reparación, sino también los de evitación y prevención. Para calcularlos, existen dos sistemas. Podemos optar por calcularlo como un porcentaje del total de la garantía obligatoria o realizar una estimación de los costes a través del análisis de riesgos.
Una vez hayamos constituido la garantía, deberemos presentar una declaración responsable indicando a la Administración. En ella reflejaremos el hecho en sí de la constitución y afirmaremos que hemos realizado los cálculos exigidos por la norma.
El destino de la garantía financiera
Si constituimos un seguro, pagaremos periódicamente una prima que cubrirá los riesgos. Pasado el plazo correspondiente, tendremos que abonar una nueva prima para continuar con la cobertura.
En caso de contratar un aval bancario, este podrá reducirse a medida que se va aplicando a la reparación de los daños. Entonces, tendremos que reponer la garantía por medio de un nuevo aval o mediante uno de los sistemas alternativos (seguro o reserva técnica).
Y lo mismo pasará si tenemos que utilizar los fondos asociados a la reserva técnica. A medida que se aplican a la reparación, tendremos que buscar una alternativa. Si no podemos dotar la reserva suficiente, deberemos optar por el seguro o el aval.
Más allá de la ley, la responsabilidad ambiental es una de las prioridades de la gestión empresarial actual. Todos los negocios, independientemente de su tamaño y rama de actividad, deben prepararse para anticipar riesgos y prevenir, evitar y reparar daños. Además, el aprendizaje ambiental es una fuente de sostenibilidad para que las actividades de la empresa sobrevivan a largo plazo.
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