El verano es la época del año donde más desperdicio alimentario se produce. Según el ‘Panel para la cuantificación del desperdicio alimentario’, las familias españolas arrojan a la basura una media de 31 kilos de alimentos por persona al año. Tres de cada cuatro hogares tiran más comida durante la temporada estival.
Ante esta realidad tan preocupante, el Gobierno propuso el pasado mes de junio una ley pionera contra el desperdicio alimentario. Tiene como objetivo reducir el desecho a la basura de alimentos sin consumir y favorecer un mejor aprovechamiento de estos. Y lo más importante: con unas multas cuantiosas en caso de incumplimiento.
El desperdicio alimentario: un problema a escala global
El desperdicio alimentario no es un problema solo en España. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que cada año se desperdicia aproximadamente hasta el 30 % de los alimentos que se producen en el mundo. Esto equivale a unos 1300 millones de toneladas al año. Casi la mitad de este despilfarro tiene lugar en la fase de poscosecha y venta minorista.
En realidad, no es comida lo único que se tira. Son todos los recursos que se utilizan para su producción, como el agua, la tierra y la mano de obra. De hecho, el 70 % de toda el agua del mundo se emplea en la agricultura y la producción de alimentos. En términos comparativos, si el desperdicio alimentario fuese un país, sería la tercera economía del mundo, tan solo por detrás de China y Estados Unidos, y por delante de naciones como India y Rusia.
Este problema global ha llevado a la Organización de Naciones Unidas (ONU) a incluirlo dentro de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En concreto, el ODS 12.3 establece la necesidad de reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita y disminuir las pérdidas de los alimentos en las cadenas de producción y suministro.
La nueva Ley contra el desperdicio alimentario: una ley pionera en el mundo
España ha querido ir un paso por delante del resto de países del mundo, poniendo en marcha una normativa específica para luchar contra el desperdicio alimentario. El objetivo de esta nueva ley es reducir de manera drástica el volumen de pérdidas y desperdicio alimentario.
Para el Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el desperdicio de alimentos es consecuencia de un funcionamiento ineficiente de los sistemas alimentarios. Sus causas están relacionadas con errores en la planificación y calendarios de cosechas, deficiencias en las condiciones de almacenamiento, malas técnicas de venta al por menor y un comportamiento inapropiado de los consumidores.
El nuevo régimen sancionador: las multas que prevé la ley a las empresas incumplidoras
El régimen sancionador diferencia entre multas leves, graves y muy graves, con multas de hasta 500 000 €.
Infracciones leves
Las infracciones leves llevan aparejadas multas de hasta 2000 €. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, las siguientes:
- La no aplicación de una jerarquía de prioridades en el uso de los alimentos.
- Que las industrias, empresas de distribución al por menor, de hostelería y restauración no lleven a cabo la donación de aquellos productos no vendidos que son aptos para el consumo humano a través de un pacto o convenio.
- En el caso de las empresas receptoras de donaciones, que no entreguen los excedentes a personas desfavorecidas, o que establezcan algún tipo de discriminación en el acceso al reparto de alimentos, ya sea por razón de sexo, raza, religión u orientación sexual, entre otras.
- La negativa a colaborar con las administraciones públicas para la cuantificación de los residuos de alimentos
Infracciones graves
La ley prevé multas que oscilan entre los 2001 y los 60 000 € para las infracciones graves. El régimen sancionador establece como falta grave no contar con un plan de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, así como la segunda o ulterior infracción leve que suponga reincidencia en el plazo de dos años.
Infracciones muy graves
Entre las infracciones muy graves se considerará la segunda o ulterior falta grave que se cometa en un plazo de dos años, y serán sancionables con entre 60 001 y 500 000 € de multa.
¿Cuándo entrará en vigor la nueva ley?
El Gobierno aprobó el pasado 7 de junio de 2022 el proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, con el objetivo de que esta normativa entrase en vigor el próximo 2 de enero de 2023.
Sin embargo, lo que se ha aprobado en Consejo de Ministros no es una ley como tal, sino un proyecto que está pendiente de tramitación parlamentaria. Es decir, hasta que no esté aprobada en el Parlamento, no es definitiva.
