La factura electrónica es una factura con la misma validez legal que la tradicional de papel y que también cumple el mismo cometido: justificar la entrega de un bien o servicio determinado. La novedad, como su nombre indica, es que se emite y se envía en un formato electrónico, por ejemplo en XML. Desde hace años, la Unión Europea y los gobiernos nacionales del continente promueven el uso de la llamada e-factura porque agiliza los procesos dentro de las compañías, ahorra tiempo y un recurso natural como el papel y ayuda a reducir el fraude fiscal.
Un primer paso en este sentido llegó en 2014, cuando se aprobó a nivel continental la normativa 2014/55/UE, que al año siguiente se transpuso a la legislación española a través de la Ley 25/2013. Ese texto obligaba a partir de aquel momento a que todas las facturas por encima de 5.000 euros que emitiesen las empresas al sector público deberían llevar formato electrónico.
Adicionalmente, esta obligación se extendía también a terceras compañías subcontratadas por una principal que también tuviera tratos con el sector público (desde ayuntamientos a Gobierno central, pasando por autonomías y otros entes). En este caso, la cuantía de la factura tenía que ser también superior a 5.000 euros.
Como consecuencia de estos cambios legislativos, la factura electrónica empezó a generalizarse, al menos entre los proveedores del sector público. Y así el año pasado se emitieron en este país casi 182 millones de e-facturas, un 15% más que en 2017, según Seres, proveedor de soluciones tecnológicas para el intercambio de este tipo documentos.
El ejemplo italiano
Hasta ahora la obligación de emitir facturas en formato electrónico ha quedado reducida al ámbito de la Administración, y toda la actividad privada entre empresas y de empresas a particulares ha quedado liberada de esta exigencia. De hecho, para que una empresa privada emita una factura a otra necesita “un consentimiento expreso” de la firma receptora de la misma. Sin embargo, la Unión Europea sigue interesada en promover este cambio en el ámbito del B2B (business to business) y el movimiento de algunos países puede acelerar ahora el proceso.
Desde el pasado 1 de enero el Gobierno italiano ha tomado la delantera y obliga a emitir en formato electrónico a todas las empresas del país. Además, Portugal ha marcado un calendario de transición. Y a nivel local, el País Vasco también se lo ha tomado en serio y ha lanzado un piloto de su proyecto Ticket BAI! (Ticket sí!). Esa comunidad autónoma, que cuenta con una Hacienda propia que recauda y gestiona sus impuestos, llevará este año y el que viene la obligación de emitir e-facturas a todo tipo de operaciones entre compañías. El Gobierno vasco pretende, sobre todo, acabar con el fraude en el comercio minorista y hacer visible el rastro de las operaciones en las cajas registradoras de los establecimientos.
Los múltiples beneficios de la e-factura
A un país como España la generalización de la factura electrónica y las posibilidades de control y trazabilidad que da a las operaciones le vendría muy bien. Y es que el fraude fiscal en este país genera una bolsa gigantesca de dinero negro que cada año escapa al control de las autoridades y no contribuye al sostenimiento de muchos servicios públicos indispensables, como escuelas y hospitales. El consenso de los analistas dice que la economía sumergida en España supone un 20% de su PIB, es decir, más de 240.000 millones de euros en estos momentos. Mientras tanto, algunos expertos dicen que el fraude fiscal podría llegar al 5% del PIB, unos 60.000 millones de euros anuales. Son cifras aproximadas, pero bastante elocuentes de que estamos ante un problema mayúsculo.
Pues bien, una de las formas de reducir esta lacra es hacer más transparente la información financiera. Para ello, el Gobierno español ha promovido proyectos como el Suministro Inmediato de Información (SII), el llamado “IVA online”, que obliga a las grandes y medianas empresas (a partir de seis millones de euros de ingresos anuales) a comunicar de forma telemática a Hacienda la información fiscal de las facturas emitidas y recibidas. De esta forma se evitan fraudes en las declaraciones de IVA, por ejemplo.
Ahora, la extensión de la e-factura a todo el tejido empresarial, siguiendo el modelo italiano, podría convertirse en otro golpe al fraude y la competencia desleal. Además, reduciría la falsificación de documentos, puesto que cada factura puede incluir sellos y certificados digitales que la hacen única. Pero no son los únicos beneficios que traería. La e-factura impulsaría la digitalización de muchas compañías y de muchos departamentos.
Al mismo tiempo eliminaría el papel, con el beneficio medioambiental que eso conlleva, y evitaría muchos errores humanos vinculados a la emisión tradicional de facturas. Además, las empresas reducirían sus costes internos de gestión y los relacionados con el almacenamiento de documentos en armarios o archivadores. Las ventajas están claras: ahora solo falta que las autoridades muevan ficha y el tejido empresarial se ponga en marcha.
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